SPIA pide regular compra a generadoras
Publicado en el diario La Prensa, sección de Economía y Negocios, 31/12/05.
La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) propuso modificar la Ley 6 del 3 de febrero de 1997, que dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad.
La Ley 6 "es una camisa de fuerza" para el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP), afirmó el presidente de la SPIA, Valentín Monforte, ya que esta legislación no le permite regular la actividad de las empresas generadoras.
El gremio "repudió" el aumento en las tarifas anunciado por el ERSP, dado que el 87% del incremento irá a parar a las empresas generadoras.
Dentro del mercado eléctrico las únicas actividades reguladas son la transmisión y distribución, no así la generación que está a libre oferta y demanda. Con este sistema, las empresas generadoras tienen la libertad de ofrecer la venta de energía a los precios que mejor le parezcan. Por ejemplo, ha habido licitaciones en las cuales las hidroeléctricas han vendido el kilovatio a las distribuidoras hasta en cuatro centésimos, mientras que en el semestre por culminar se ha vendido en más del doble, en 11 centésimos.
"No es posible que la energía hidroeléctrica, que representa el 60% de la generación del país, se tenga que comprar al doble y hasta el triple del precio como si fuera térmica", denunció Monforte.
En otro orden, dijo que el subsidio de 26.2 millones de dólares otorgado por el Estado para evitar el aumento de tarifa en los clientes que consumen hasta 200 kilovatios al mes, no es la solución al problema y más bien se convierte en una "complicidad".
El aumento será "catastrófico" para la economía y desarrollo del país, según la SPIA, ya que la escalada de precios afectará el poder adquisitivo del ciudadano, que además deberá enfrentar los nuevos cargos fiscales y de seguridad social avalados por el gobierno.
El aumento en la energía producirá un "efecto dominó" y las empresas e industrias trasladarán los costos adicionales a los consumidores panameños, prevé Mónica Guillén de la Defensoría del Pueblo.
